25/08/2010 – Navarra – noticiasdenavarra.com
La morosidad entre el vecindario no tiene freno. Las deudas acumuladas para afrontar los gastos mensuales de las comunidades de propietarios está ahogando la liquidez de las escaleras, que apenas se plantean hacer frente a derramas extraordinarias para posibles obras o reformas en las zonas comunes. En Navarra el número de morosos ya rebasa los 3.000 y, en concreto, Arrenta, la Asociación para el Fomento del Alquiler y el Acceso a la Vivienda, cifra en 3.050 las comunidades de propietarios que cuentan con algún vecino moroso en la Comunidad Foral. El año pasado se cerró con 2.550 bloques con algún moroso, por lo que el aumento es de un 19%.
Los datos desde Navarra se sitúan en porcentajes muy similares a los que presenta el mapa estatal, ya que la media española es del 18% de morosidad y en territorio navarro se queda en el 17,9%, teniendo en cuenta que aquí se calcula que existen más de 16.000 edificios destinados a uso residencial. En esta estadística no se tienen en cuenta las unifamiliares.
Esta morosidad se ha convertido en un fenómeno in crescendo, sobre todo en las nuevas poblaciones con grandes bloques de viviendas de protección oficial que no cuentan con remanentes de años anteriores y además sus vecinos están afrontando los primeros pagos de sus hipotecas.
La espiral de crecimiento entre los morosos es preocupante. Si en 2008 rondaba el 10% de las comunidades de vecinos de Navarra; el dato se aupó hasta el 16,2% en 2009; y en el primer semestre de 2010 se ha elevado al 17,9%. Los impagos se han convertido en el principal problema de las comunidades, de ahí que haya pasado de representar el 58% de las reclamaciones hace un año al 64% en la actualidad, como muestra el informe de Arrenta.
En contraposición, el impacto de los conflictos por obras no consentidas ha bajado dos puntos y aumenta el desacuerdo con obras y reformas generales. El estudio de evolución de conflictos en comunidades confirma que el impago de cuotas o derramas sigue siendo el problema más habitual, seguido de las obras no consentidas (13%), la determinación de elementos comunes (8%) y el desacuerdo con obras y reformas generales (7%). Los datos muestran un descenso de dos puntos en problemas derivados de la instalación de ascensores y aires acondicionados (obras cuya ejecución se ha ralentizado por los problemas económicos).
Ante la devolución de recibos de los vecinos morosos se abren las vías del arbitraje y de los tribunales. En cuanto a éstos, se pueden reclamar los impagos a través del procedimiento jurídico denominado monitorio, un proceso civil, rápido por lo general, que no requiere asistencia de abogado o procurador pero que se encuentra con dificultades a la hora del cobro, sobre todo, porque se termina embargando bienes a un deudor que apenas dispone ya de propiedades. Debido a que la crisis ha disparado este tipo de reclamaciones y para satisfacer a los agraviados, la Justicia ha afrontado la reforma de esta figura del monitorio. La remodelada Ley de Enjuiciamiento Civil permite ya reclamar deudas de hasta 250.000 euros. El tope anterior se encontraba en 30.000 euros.